Rechazan modificaciones en la Ley Micaela
La familia de Micaela García pide que no se modifique la Ley que lleva su nombre, ya que el proyecto “ómnibus” del gobierno plantea cambios en la misma.
En las últimas horas, la familia de Micaela García realizó un comunicado en el cual rechaza modificaciones en la Ley que lleva el nombre de la joven asesinada por un femicida en 2017 y que se sancionó hace poco más de cinco años.
Los cambios están planteados en el proyecto de Ley al Congreso de la Nación, bajo el título “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, más conocida como Ley Ómnibus. Enviado el pasado miércoles 27 de diciembre.
La Fundación Micaela García “La Negra”, plantea que “El proyecto intenta modificar seis (6) artículos de la Ley Micaela, pero lo que a nuestro entender es más grave es la modificación del artículo 1° porque afecta el sentido de la Ley”.
En el mismo sentido, la familia aclaró cuál es la modificación que plantea el gobierno nacional: “Sustitúyese el artículo 1° de la Ley N° 27.499 por el siguiente:
“ARTÍCULO 1°.- Se establece la capacitación obligatoria en la temática violencia familiar y contra la mujer, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia.”
El artículo aún vigente de la Ley Micaela es:
“Artículo 1° – Establécese la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.”
“Lo que se pretende modificar es que solamente van a estar obligadas aquellas personas ‘…que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia.’ Y no la totalidad de las personas que integran el Estado en sus tres poderes”, aclararon desde la Fundación.
Andrea Lescano y Néstor ‘Yuyo’ García, mamá y papá de Micaela.
“La Ley Micaela (Ley 27.499), se originó como respuesta a decisiones de agentes del Estado sin perspectiva de género, entendiendo que el femicidio de Micaela (como tantos otros) se podría haber evitado, si la tuvieran. Ninguno de esos agentes se desempeñaba en la función pública en organismos competentes en la materia. El Juez Carlos Rossi (que dio la libertad condicional al violador y femicida de Micaela, a pesar de tener un paquete de informes psicológicos que desaconsejaban la libertad) no se desempeñaba en la función pública en un organismo competente en la materia. Las personas (agentes del Estado) que el día previo al femicidio de Mica, no tomaran una denuncia por intento de violación del femicida de Mica, a una niña de 13 años. Estos funcionarios públicos tampoco se desempeñaban en la función pública en un organismo competente en la materia”, aportaron desde la familia de Micaela.
“En estos cinco años hemos dedicado nuestras vidas a promover la instrumentación de la Ley Micaela con el convencimiento de que es una herramienta imprescindible para prevenir situaciones graves de violencia, promover ámbitos de trabajo respetuosos y jerarquizar la función pública. Y hemos visto los cambios, que aún pequeños nos generan mucha esperanza.
Creemos en el rol del Estado en la promoción de derechos y la prevención de las violencias. Creemos en la necesidad de trabajar en ese sentido porque la violencia de género no sólo se explica ni se resuelve desde lo judicial, sino en la prevención y el conocimiento que se generan las capacitaciones en la Ley Micaela. Si hay un delito o crimen es porque llegamos tarde. Capacitarnos y trabajar en la erradicación de la discriminación y los prejuicios de género es fundamental para vivir en una sociedad mejor y más libre”, detallaron en el comunicado.
