sábado, octubre 5, 2024
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El Ministerio de Seguridad intimó a los sindicatos

Las organizaciones sociales que cortaron total o parcialmente el tránsito vehicular deberán realizar un «pago solidario» y la multa puede ser de hasta 56 millones de pesos. El motivo son las manifestaciones del 22 y 27 de diciembre.

Más de 20 de gremios y organizaciones, quienes participaron de las manifestaciones contra el DNU del Presidente Javier Milei en Plaza de Mayo y Tribunales, deberán pagar multas de hasta 56 millones de pesos para cubrir los gastos del operativo de seguridad llevados a cabo el 22 y 27 de diciembre.

En el telegrama emitido por el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, se encuentran sindicatos como Camioneros, Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Unión Obrera de la Construcción (Uocra), Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y Asociación de Trabajadores del Estado, la unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).

El escrito señala que tendrán «un plazo perentorio de diez (10) días hábiles de recepcionada la presente», donde deberán abonar el «pago solidario» de los costos para detener «los actos ilegítimos». El mismo, lleva la firma de Martín Siracusa, Secretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Seguridad.

Ese mismo telegrama recibieron los gremios que participaron de la protesta del 27 de diciembre frente a Tribunales, en la ciudad de Buenos Aires, en rechazo del DNU 70/2023 y para realizar respectivas presentaciones judiciales y amparos contra esa medida.

Por otra parte, también se intimó con una misiva similar a las organizaciones para pagar multas de más de 56 millones de pesos debido a la protesta contra el Decreto de Necesidad y Urgencia que se realizó el 22 de diciembre.

La CGT respondió a Bullrich y sostuvo: «La CGT no representa los intereses de una ‘casta’ sino los de trabajadores de nuestro país que, en una sociedad democrática y conforme la Constitución Nacional, tienen el derecho a gozar de la protección de las normas, a la organización sindical, a negociar convenios colectivos y a ejercer el derecho a la manifestación y huelga».