El Foro de Discapacidad contra Milei: rechaza el proyecto para “desregular” las prestaciones
“Si se concreta, aquellas personas que no respondan a la realidad económica que implica brindar un servicio categorizado, van a dejar de contar con ello”, sostuvieron.
En los últimos días, el Foro Permanente de Discapacidad criticó el proyecto presidencial que tiene como objetivo “desregular” el Sistema Único de Prestaciones Básicas de Atención Integral para las Personas con Discapacidad.
El gobierno propone separar los valores arancelarios de las prestaciones para personas con discapacidad, de los organismos públicos que se ocupan de financiar esas prestaciones según la ley 24.901.
Desde el Foro no dudan en evaluar que esta medida tendrá un impacto negativo, especialmente para aquellas personas con discapacidad de bajos recursos que actualmente acceden a prestaciones pagadas por el Estado. Así, en un comunicado, expresaron:
“El viernes 10 de mayo, se dio a conocer un proyecto de decreto presidencial que establece que los organismos públicos financiadores de las prestaciones para las personas con discapacidad establecidas por la Ley 24.901 se fijarán de forma independiente a los valores arancelarios de las prestaciones (y no vinculante entre ellos) incorporadas o a incorporar en el nomenclador de prestaciones básicas”.
“Esta decisión va a generar la ruptura de un logro fundamental: que las personas con discapacidad sean atendidas en los servicios categorizados por el Estado o por profesionales sin importar su situación económica, mientras tengan una obra social, sean de PAMI o cuenten con una pensión o prepaga”, alertó el Foro.
En ese sentido, señalaron: “La consecuencia de no tener un arancel acorde al costo del servicio, es que aquellos que no respondan a la realidad económica que implica brindar un servicio categorizado educativo, terapéutico, de salud, de alojamiento, transporte o asistencial van a dejar de contar con ello. Además de la desigualdad que implica esto, también se producirá una pérdida esencial en la calidad de vida de miles de personas con discapacidad”.
“En paralelo a este documento que circula, desde el Estado continúan sin dar respuesta a quienes no tienen una cobertura”, plantearon.
“De efectivizar esta medida, se agravará la ya importante crisis económica de los prestadores categorizados que tienen que cumplir con una serie de exigencia impuestas por el Estado, ya que da lugar a que cada organismo financiador establezca el arancel que le parezca o convenga”, plantearon.
“De hecho, actualmente no se ha podido establecer un mayor aumento, que está atrasado en un 100 por ciento para el transporte y en un 45 por ciento para el resto de las prestaciones, por la presión de uno de los organismos financiadores. Dicha situación ha llevado a un desfinanciamiento y endeudamiento de los prestadores que están al borde del colapso. Y esto marca lo que puede pasar en el corto plazo si se publica dicho decreto”, anticiparon.
“Por los motivos expresados, exigimos a los funcionarios que revean esta medida que puede entorpecer la universalización de la atención de las personas con discapacidad, derecho que se obtuvo hace ya más de 25 años”, concluyeron.
