viernes, junio 27, 2025
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La Justicia desestimó la denuncia contra Pablo Brizuela: anuncian acciones legales contra Nadia Porro

El expresidente del comité de la UCR de Ituzaingó fue sobreseído en una causa por presunta sustracción de bienes partidarios. El fallo judicial desestimó la denuncia presentada por la militante Nadia Porro. Ahora, Brizuela y su equipo iniciarán acciones legales por difamación.

La Justicia resolvió desestimar una denuncia penal impulsada por Nadia Porro, militante de “Adelante Buenos Aires”, contra Pablo Brizuela, expresidente del comité de la Unión Cívica Radical de Ituzaingó. El caso se refería a la presunta apropiación indebida de mobiliario y objetos históricos del local partidario, hechos que la Justicia consideró sin sustento probatorio. La resolución fue emitida el 12 de junio por el Ministerio Público.

“Lo que intentaron fue arruinar nuestra reputación, pero la Justicia ya habló. Ahora vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que estos actos no queden impunes. No se puede hacer política ensuciando al otro”, expresó Brizuela tras conocerse el fallo.

Brizuela, junto a Mónica Bancalero, Gustavo Olivera, Valeria Romero y María Sanguina —también alcanzados por la denuncia— fue plenamente reivindicado por el fallo, que consideró el accionar como una “maniobra política” sin pruebas concretas. Según señalaron desde su entorno, las acusaciones habrían sido parte de una campaña de desprestigio en plena disputa electoral.

Durante la campaña, se repartieron cartas anónimas con denuncias similares que buscaban afectar la imagen de Brizuela y su espacio político. Sin embargo, la causa no prosperó judicialmente, y desde el equipo del dirigente radical señalaron que “la mentira no triunfa donde hay integridad y verdad”.

El equipo legal compuesto por los abogados Iván G. Solco y Alejandro Maximiliano Morales fue clave para lograr el fallo favorable. Brizuela y su grupo confirmaron que iniciarán acciones legales contra Nadia Porro y contra quienes hayan participado en la difusión de lo que califican como “acusaciones falsas con fines electorales”.