Un juez de Campana obliga al gobierno nacional a aplicar la Emergencia en Discapacidad
Es la medida que Javier Milei había frenado con el argumento de que la ley que la establecía no especificaba de dónde salndrán los fondos para financiarla.
El juez federal de Campana, Adrián González Charbay, restableció la vigencia de la ley de emergencia en discapacidad que había sido suspendida por el gobierno de Javier Milei luego de ser aprobada y reconfirmada por el Congreso, por lo que ahora el Ejecutivo deberá pagar a prestadores y participantes de talleres protegidos.
El juez dictó la medida al hacer lugar a un amparo colectivo presentado por organizaciones vinculadas a la asistencia de personas con discapacidad. González Charbay suspendió la vigencia del articulo II del decreto 681/25, por el cual el gobierno había frenado la aplicación de la ley bajo el argumento de que no se habían explicitado los fondos para financiarla.
Según la oficina de presupuesto del Congreso, la aplicación de la emergencia tendría un impacto fiscal -anual- de entre 0,22 y 0,42% del PBI.
La ley había sido aprobada por el Congreso en julio del año pasado y declaraba la emergencia en materia de discapacidad hasta fines de 2027, pero aunque el Poder Ejecutivo promulgó la norma estableció un freno a su aplicación al considerar que el Congreso no había definido las fuentes de financiamiento.
Así, el decreto ejecutivo 681/2025 dejó la norma en suspenso, lo que generó un fuerte reclamo de familias, organizaciones y prestadores. El amparo judicial que motivó el fallo había sido presentado por dos familias en representación de sus hijos, cada uno con Certificado Único de Discapacidad.
