jueves, septiembre 17, 2026
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El Presupuesto 2027 propone cambios en pensiones y prestaciones para personas con discapacidad

El proyecto presentado por el Gobierno plantea cambios en los aranceles de las prestaciones, la compatibilidad de las pensiones con el trabajo registrado y la cobertura de salud para personas con discapacidad, entre otras modificaciones.

Una de las principales controversias generadas por el proyecto de Presupuesto 2027 está vinculada con los cambios que propone sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad. La iniciativa contempla la eliminación y modificación de varios artículos de la Ley 27.793, entre ellos los relacionados con el sistema de aranceles, las pensiones no contributivas y la cobertura de salud para sus titulares.

Uno de los puntos centrales es la eliminación del artículo 14, que establece el principio de un nomenclador único a nivel nacional para las prestaciones del sistema. De aprobarse la modificación, los valores dejarían de ser homogéneos y cada obra social, prepaga o provincia podría establecer diferentes aranceles. El diputado Juan Marino cuestionó la medida y sostuvo que “cada obra social, prepaga o provincia fijará valores diferenciados, desatando una presión a la baja y fragmentando la atención médica y terapéutica”. Además, el proyecto elimina la actualización automática mensual de los valores vinculada al índice de movilidad jubilatoria.

Otro de los cambios está contemplado en el artículo 37 del proyecto y afecta la compatibilidad entre las pensiones por discapacidad y el trabajo registrado o el monotributo. Según explicó Marino, la iniciativa elimina la posibilidad de mantener la pensión cuando la persona obtiene determinados ingresos mediante una actividad formal. “El proyecto invierte la regla: cualquier empleo registrado (incluso de pocas horas) o alta tributaria extingue la pensión”, afirmó el legislador, quien también advirtió que se elimina el mecanismo de suspensión temporal y posterior rehabilitación de la prestación al finalizar un contrato laboral.

El proyecto también elimina el instrumento destinado a realizar estudios de costos específicos para las prestaciones y modifica la definición de persona con discapacidad contemplada en la Ley 27.793. De acuerdo con el planteo de Marino, estos cambios podrían afectar la actualización de los valores que reciben los prestadores y modificar los criterios utilizados para determinar quiénes son considerados beneficiarios. A su vez, el artículo 41 elimina el artículo 8 de la ley de emergencia, que establece la cobertura de salud para los titulares de pensiones no contributivas por discapacidad. “Es decir, la cobertura (de salud) deja de ser un derecho legal exigible por los titulares de pensiones”, señaló el diputado.

Las modificaciones generaron fuertes cuestionamientos de legisladores de la oposición. Marino calificó la iniciativa como “ilegal e inconstitucional” y sostuvo que incorporar modificaciones permanentes de leyes de fondo dentro de una norma presupuestaria “viola el art. 20 de la Ley de Administración Financiera (Ley 24.156)” y también el principio de progresividad y no regresividad en materia de Derechos Humanos. Por su parte, el diputado Maximiliano Ferraro cuestionó la política del Gobierno y la definió como de “crueldad” hacia un sector que, según expresó, atraviesa una emergencia con instituciones al borde del cierre, prestaciones desactualizadas y familias afectadas.