viernes, agosto 7, 2026
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El Senado dio media sanción al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

La iniciativa impulsada por el Gobierno fue aprobada por 37 votos a favor y 33 en contra, aunque el oficialismo debió eliminar dos capítulos para conseguir los apoyos necesarios. El texto ahora pasará a la Cámara de Diputados.

El Senado aprobó este jueves, por 37 votos afirmativos y 33 negativos, el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno nacional. Para obtener la media sanción, el oficialismo modificó nuevamente la iniciativa y retiró las reformas vinculadas a la Ley de Tierras Rurales y a la Ley de Manejo del Fuego, luego de no reunir el respaldo suficiente entre los bloques dialoguistas.

La votación contó con el apoyo de los senadores de La Libertad Avanza, gran parte de la Unión Cívica Radical, el PRO y representantes de bloques provinciales. En tanto, el interbloque justicialista, Convicción Federal y otros legisladores provinciales rechazaron el proyecto. Con esta aprobación, la iniciativa continuará su tratamiento en la Cámara de Diputados.

Entre los puntos que se mantuvieron en el texto se destacan las modificaciones para acelerar los procesos de desalojo por ocupaciones ilegales y endurecer las condiciones para las expropiaciones. La nueva propuesta establece que los desalojos tramiten por la vía sumarísima, con el objetivo de reducir los tiempos judiciales para la restitución de inmuebles a sus propietarios.

En cambio, el oficialismo no logró avanzar con la reforma de la Ley de Manejo del Fuego, que buscaba flexibilizar las restricciones sobre el uso de terrenos afectados por incendios. La propuesta fue rechazada por un grupo de senadores aliados, quienes consideraron inconveniente modificar la normativa vigente. Previamente, el Ejecutivo también había retirado el capítulo referido a la Ley de Tierras Rurales ante la resistencia de gobernadores y legisladores de distintos espacios.

Durante el debate, el proyecto generó fuertes cruces entre oficialismo y oposición. Mientras el Gobierno defendió la iniciativa al sostener que fortalecerá la protección de la propiedad privada, agilizará los desalojos y brindará mayor seguridad jurídica, sectores opositores cuestionaron tanto el contenido de la norma como el procedimiento legislativo utilizado para su tratamiento, al considerar que algunas reformas podrían afectar derechos y presentar objeciones de carácter constitucional.