Continúa la movilización del colectivo de las personas con discapacidad
Mariana Reale, psicóloga-trabajadora independiente del área de discapacidad (MP Nº 83.589, se refirió a la situación que viven las familias y prestadores ante la falta de pago.
Los prestadores de servicios para personas con discapacidad, con el apoyo de las familias, continúan con su medida de fuerza. Mariana Reale, psicóloga-trabajadora independiente del área de discapacidad (MP Nº 83.589, fue entrevistada en un medio radial donde contó que la cadena de pagos se rompió, llevan meses de atraso, y agosto se encuentra impago.
«Estamos organizados, prestadores, familias y personas con discapacidad, estamos en un paro y movilización nacional que ya lleva diez días. No tenemos respuestas concretas, en relación al cese en la cadena de pagos, interrumpida en agosto», dijo en Radio Búnker 94.9, en el «Tanke de Búnker» (lunes a viernes, de 10 a 13hs).
«Denunciamos el recorte a uno de los sectores más vulnerables, como es el colectivo de las personas con discapacidad. La realidad es que esto precariza nuestra situación laboral y pone en peligro las prestaciones, que son necesarias para favorecer el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Esto tiene un marco legal en nuestro país, la ley 24.901 de prestaciones básicas, es la que regula nuestro trabajo en la ley 26.378. Por eso hablamos de la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad, no solamente una situación concreta por la ruptura en la cadena de pago», manifestó Reale.
Con respecto a los dichos del gobierno nacional, donde aclararon que no hubo un recorte, sino que un retraso, indicó: «No lo llamamos atraso, es un recorte porque hay una ruptura, y no tenemos respuestas concretas de cuando se va a restituir la cadena. Esto tiene un circuito, nosotros brindamos un servicio a los usuarios, facturamos con las obras sociales, pero estas reciben fondos a través de distintos organismos del Estado para afrontar el gasto de esas prestaciones. Las obras sociales comenzaron a informar, a mediados de agosto, que no recibieron los fondos y no tenían fecha de cobro, que por otro lado, vale aclarar que ya cobramos con 90 y 120 días de atraso».
La psicóloga explicó los obstáculos de autorizar una prestación: «Hay varias situaciones críticas dentro del circuito, la carrera de obstáculos a la que son sometidas las familias cada vez que hay que autorizar una prestación. Es un laberinto burocrático, primero que atraviesan las familias y después los prestadores. Primero para lograr una autorización, y luego para lograr cobrar por nuestro trabajo».
El rol de las obras sociales: «El tema es también complejo con las obras sociales, algunas empezaron a informar por mail que no contaban con los fondos para hacer las transferencias. Pero luego, a partir de los reclamos, muchas están generando diferencias entre las familias y prestadores porque no acompañan la medida de fuerza. Pero la realidad, es que nosotros no podemos seguir manteniendo y brindando un servicio cuando llevamos meses sin cobrar. Nosotros tenemos gastos de consultorio, matrículas, formación, impuestos y demás. Estamos acostumbrados a trabajar en una situación de precariedad, donde también se vulneran nuestros derechos», reveló.
Su situación actual en relación a las prestaciones: «Esto nos pone en un brete, en relación al compromiso ético que uno tiene con las familias y el paciente. Nosotras, las que conformamos un espacio terapéutico colectivo con otros profesionales, no cortamos los tratamientos pero conversamos con las familias, lo tratamos en reuniones grupales. Tenemos previsto hacer jornadas grupales este viernes con los pacientes, porque la realidad es que las familias comprenden y apoyan nuestra presencia en la calle, el Congreso y la Casa Rosada, para hacer visible el reclamo. Estamos con mucha preocupación, nos acercamos a fin de año, y tenemos mucha incertidumbre», expresó.
En relación a cuándo se levantaría el paro, afirmó: «El cobro de honorarios de cada uno de los profesionales y prestadores que trabajamos en el área. A partir de ahí, pretendemos poner agenda muchos de los temas que tienen que ver con el colectivo de las personas con discapacidad y las políticas públicas que garanticen el ejercicio de sus derechos».
«La decisión que se tomó el pasado lunes es seguir con la medida de fuerza, hasta obtener una respuesta concreta en relación a la fecha de cobro», concluyó.
