Un informe privado advierte una fuerte caída del poder adquisitivo de las jubilaciones
Un estudio del CEPA señala que los haberes previsionales perdieron más de un 27% desde el cambio en la fórmula de actualización aplicado por decreto y alerta por el impacto en los jubilados que cobran la mínima.
Las jubilaciones en Argentina registran una pérdida estimada del 27,4% en términos reales a partir de la modificación en el sistema de actualización dispuesta por el Gobierno nacional desde diciembre de 2023. Así lo indica un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que atribuye la caída al reemplazo de la fórmula anterior por un esquema ajustado únicamente por inflación.
El cambio fue instrumentado mediante el DNU 274/2024, que dejó sin efecto la Ley 27.609 y se convirtió en una de las medidas centrales para alcanzar el superávit fiscal. De acuerdo con el relevamiento, tras los aumentos de diciembre, la jubilación mínima sin bono se ubica en $340.886, cuando con la fórmula previa habría alcanzado los $434.279, lo que implica una diferencia mensual superior a los $93.000.
Según el análisis, la fórmula derogada —basada en la recaudación de la seguridad social y la evolución de los salarios— habría resultado más favorable en el actual contexto económico. Desde el CEPA sostienen que su eliminación se produjo justo cuando podía comenzar a mostrar mejoras reales frente a la desaceleración inflacionaria.
El informe también advierte que la situación es especialmente delicada para quienes perciben la jubilación mínima, debido al congelamiento del bono compensatorio. Este refuerzo permanece en $70.000 desde marzo de 2024 y, al no actualizarse, perdió gran parte de su poder de compra. Mientras los haberes aumentaron 154% entre marzo de 2024 y diciembre de 2025, la mínima con bono solo se incrementó un 101%.
En términos estructurales, el estudio señala que las jubilaciones actuales se encuentran incluso por debajo del promedio de poder adquisitivo de la década del noventa. A esto se suma el veto presidencial a leyes que buscaban recomponer ingresos y la finalización de la moratoria previsional en marzo de 2025, lo que obliga a la mayoría de los adultos mayores sin aportes completos a recurrir a la Pensión Universal para el Adulto Mayor, que representa apenas el 80% de una jubilación mínima.
