La erosión democrática en Estados Unidos: del Estado de derecho al Estado de fuerza

Lo que actualmente ocurre en Estados Unidos no puede seguir siendo interpretado como una sucesión de excesos circunstanciales ni como fallas aisladas en la aplicación de la ley. Estamos frente a un proceso estructural de degradación democrática, en el cual el ejercicio del poder estatal se desplaza desde el marco del Estado de derecho hacia una lógica de coerción preventiva y disciplinamiento social.

Max Weber definía al Estado moderno como aquel que detenta el monopolio de la violencia legítima. Sin embargo, ese monopolio solo es legítimo en tanto se encuentre limitado por normas, controles y responsabilidad pública. Cuando fuerzas federales armadas actúan en el espacio interno como si operaran en un escenario de excepción permanente, cuando civiles mueren en operativos opacos y la respuesta institucional es el cierre corporativo en lugar de la rendición de cuentas, la violencia deja de ser legítima y se convierte en violencia de Estado desnuda.

La expansión operativa de agencias como ICE debe leerse a la luz de lo que la teoría política contemporánea denomina securitización. Como advierte Giorgio Agamben, el estado de excepción deja de ser una respuesta extraordinaria para transformarse en una técnica ordinaria de gobierno. La migración, la protesta y la diferencia son redefinidas como amenazas, habilitando prácticas que suspenden derechos sin necesidad de declararlo formalmente.

En este marco, Donald Trump no representa una anomalía personal ni un simple giro retórico. Su rol ha sido el de acelerador político de tendencias autoritarias preexistentes. La construcción sistemática del “enemigo interno”, la deslegitimación de la protesta social y la normalización del uso letal de la fuerza constituyen lo que Hannah Arendt identificaba como una de las condiciones centrales de la deriva autoritaria: la transformación del ciudadano en sujeto prescindible.

Michel Foucault describió este fenómeno como el pasaje del poder que gobierna mediante la ley al poder que gobierna mediante la gestión de poblaciones, donde algunas vidas son protegidas y otras se vuelven administrables, descartables o sacrificables. En ese esquema, la igualdad ante la ley se vacía de contenido y es reemplazada por una jerarquía implícita de valor humano.

Históricamente, las democracias no colapsan con un golpe espectacular. Como advirtió Claude Lefort, se descomponen cuando el poder deja de reconocerse como algo que debe justificarse frente a la sociedad. Las instituciones continúan funcionando, las elecciones se celebran, los discursos constitucionales persisten. Pero el núcleo democrático se erosiona cuando la violencia estatal se vuelve rutinaria y la excepción se normaliza.

Aquí reside la paradoja central del caso estadounidense: un país que se autoproclamó durante décadas garante global de la libertad exhibe hoy rasgos propios de un Estado coercitivo, más orientado al control que a la representación, más dispuesto a imponer orden que a producir legitimidad. La retórica de la libertad, en este contexto, ya no funciona como principio político sino como cobertura ideológica.

Negar esta deriva no es neutralidad: es complicidad pasiva. Nombrarla no es radicalismo: es análisis político elemental.

Una democracia no deja de existir cuando se suspenden formalmente sus instituciones, sino cuando el Estado comienza a matar sin consecuencias, a vigilar sin límites y a gobernar mediante el miedo. Cuando la vida deja de tener el mismo valor para todos, la democracia ya no está en crisis: ya fue reemplazada.

Estados Unidos no atraviesa simplemente una etapa de endurecimiento político. Cruza un umbral histórico en el que el Estado ya no se justifica ante los ciudadanos, sino que se impone sobre ellos. En ese punto, hablar de “la patria de la libertad” no es solo una exageración retórica: es una ficción peligrosa que encubre un orden donde la fuerza ha comenzado a ocupar el lugar de la ley.

Y cuando eso ocurre, la historia es consistente y brutal: no es el Estado el que protege a la democracia, es la democracia la que debe defenderse del Estado.

Por: Juan Venturino