El 70% de los hogares de barrios populares sufre la inseguridad alimentaria
Así se desprende del Indicador Familiar de Acceso a Derechos, trabajo desarrollado por el ISEPCi.
El Instituto de Investigación Social Económica y Política Ciudadana (ISEPCi) presentó el Indicador Familiar de Acceso a Derechos, marco en la que se expusieron datos alarmantes sobre el acceso a derechos esenciales de las familias en los barrios populares.
El acto realizado en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA estuvo a cargo de Isaac Rudnik (director nacional del ISEPCi) y Laura Lonati (coordinadora nacional del Área de Salud Colectiva) y del equipo técnico de sociólogos y sociólogas que procesaron la información obtenida.
“El IFAD nos permitió abarcar nuevas dimensiones como son la salud, el trabajo, la vivienda, la salud, la educación y la conectividad. Además, pudimos crecer en cuanto a la cantidad de personas encuestadas en el marco de un proceso de Investigación Acción Participativa”, explicaron los mentores del sondeo.
Así las cosas, dieron cuenta que “durante los meses de julio y agosto se desplegó un extenso monitoreo territorial en 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que logró entrevistar a las referentes de la alimentación familiar de 31.525 hogares (la cantidad de entrevistas casi duplica la muestra de EPH del INDEC a nivel nacional)”.
Entre las principales características, resaltaron que “las personas respondentes fueron casi universalmente mujeres, en consonancia con la premisa de ser responsables de la alimentación en los hogares, lo cual confirma que las tareas de cuidado están casi excluyentemente sostenidas por ellas”.
En relación con la edad, mayoritariamente ocho de cada diez mujeres tienen entre 25 y 50 años, mientras que en lo que hace al tamaño de los hogares relevados, tienen un promedio de 4.8 miembros, en coincidencia con datos del INDEC para hogares con niños (un promedio de 2.5 niños por hogar).
Al aludir a los programas de transferencias de ingresos del Estado nacional, nueve de cada diez hogares reciben alguno y en promedio cada hogar recibe 1.5 planes sociales.
En el momento de la medición sólo el 17% de los hogares tenía acceso a un empleo registrado mientras que el 83 %, no tiene ningún integrante con empleo registrado, es decir no cuentan con los aportes a la seguridad social y jubilación.
Si tenemos en cuenta que se puede definir inseguridad alimentaria como “la reducción de las porciones y/o supresión involuntaria de comidas en el hogar”, hay que resaltar que está presente en casi siete de cada diez hogares relevados (es decir 70%).
Los hogares relevados destacan haber tenido que reducir fuertemente el consumo de grupos de alimentos en el periodo que va desde el último semestre 2021 a el primer semestre 2022. La preeminencia de la reducción estuvo centrada en la carne de vaca (79.1 %) y los aceites (77.5 %).
Finalmente, cabe mencionar que el poder adquisitivo de las familias entrevistadas ha disminuido ostensiblemente respecto de fines del año 2021. El 90 % manifestó comprar menos alimentos que hace un año atrás y el 70 % expresaba haber tenido que elegir productos de menor calidad. Y el 74.4 % de las familias que compran menos que antes destacan que los alimentos son de menor calidad.
