Ley de Movilidad: «si Milei va a la justicia recibirá un nuevo fiasco»
Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, aseguró que el Presidente deberá promulgar la normativa en caso de que Diputados y Senadores vuelven a aprobarla. Por otra parte, se refirió al DNU 70/2023, advirtió que «es peor que la Ley de Bases», y el acceso a la información pública.
El Presidente Javier Milei mantiene firme su idea del veto total a la Ley de Movilidad Jubilatoria pero, ¿qué sucedería si las Cámaras de Diputados y Senadores volviera a dar el visto bueno al proyecto? El abogado institucionalista Eduardo Barcesat, dijo que ante este escenario se debe «promulgar la ley automáticamente». Además, aseguró que si el mandatario recurre a la justicia, «recibirá un nuevo fiasco». Con respecto al acceso a la información pública, sostuvo que «buscará limitarlo y perseguir a quienes den noticias contrarias a las visiones fantasmáticas». Luego, se refirió al DNU 70/2023, al cual calificó de ser «peor que la Ley de Bases» y remarcó que debe ser tratado antes de finalizar noviembre, debido a que perdería estado parlamentario.
«Si se logran dos tercios de los miembros presentes al momento de la votación en cada Cámara, insistiendo con el proyecto de ley que votaron hace menos de un mes, y donde no hubo ningún cambiado en la situación social que amerite veto o actitud alguna del Presidente, automáticamente se promulga la ley. Si el Presidente quiere hacer prevalecer su veto, tiene que ir a la justicia con pronóstico cero de admisibilidad. Claramente, si la representación del pueblo, las provincias y del primero de los tres poderes que regula la Constitución, el Poder Legislativo, insisten en la votación, nada puede hacer el Presidente. Y si va a la justicia recibirá un nuevo fiasco. La justicia tampoco da cabida a sus disparates. Esto es lo que debe suceder», explicó en Radio Búnker 94.9, en el programa «El Tanke de Búnker», sobre lo que debe suceder en caso de ser aprobada la normativa nuevamente en Diputados.
«Señores Diputados y Senadores, el voto que les dio el pueblo de la Nación Argentina en ningún lugar establecía, ninguna de las propuestas, que la calidad de vida del pueblo argentino en general y los jubilados, en particular, podía ser deteriorado por el déficit fiscal o cualquier recorte desde el Poder Ejecutivo. No deben traicionar la doctrina del acto propio, que significa que si alguna vez hiciste algo en un sentido y todo sigue igual, tenés que pronunciarte como lo hiciste anteriormente. Esto es un capricho del Presidente, que cree que está por encima de todos. Lo peor que podría hacer el Congreso es doblegarse ante los caprichos de Milei, que pretende usurpar las atribuciones del mismo», remarcó.
El cambio en la votación de algunos legisladores radicales: «Sería moralmente incompatible, insostenible. Es una categoría que utiliza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus pronunciamientos, cuando enfrenta a algo repugnante a la institucionalidad, y creo que esta sería la oportunidad de aplicar esa calificación», dijo Barcesat.
El acceso a la información pública: «Busca limitarlo y perseguir a quienes den noticias contrarias a las visiones fantasmáticas del actual Presidente, que cree que todo está fantástico. Piensa que los jubilados recuperaron capacidad de compra por sobre el valor inflacionario y que las tarifas no van a incidir en las vidas cotidianas. Obviamente que van a ser criticadas, llevadas al estrado judicial, y todo lo que se dé en noticias respecto a esto, probablemente merezca la censura por parte del Poder Ejecutivo. De ese modo, estarían lesionando la libertad de prensa y Convención Americana de Derechos Humanos, que establece taxativamente el acceso a la información pública, la cual debe ser veraz y adecuada», sostuvo.
«Hay tres entidades insospechables, diría yo, de vínculo político con la oposición, ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas), FOPEA (Foro de Periodismo Argentino) y Poder Ciudadano. Han dicho que este decreto engendro que se pretende reglamentar, pero que en realidad es modificatorio de la ley de acceso a la información pública, es inconstitucional», agregó.
El tiempo para tratar el DNU 70/2023: «Hasta fines de noviembre, que termina el período de sesiones ordinarias. Si ahí no se trata, pierde estado parlamentario y es como si nunca se hubiera votado en la Cámara de Senadores. Sería terrible que ese decreto, que es peor que la Ley de Bases, siguiera vigente cuando ya tiene dos averías institucionales que van contra su validez. La forma más rápida de concluir con esto es que la Corte Suprema se pronuncie al respecto», advirtió.
