El gobierno derogó normas relacionados a Precios Justos, Ley de Góndolas y Abastecimiento
Además, se eliminó a los tres programas mencionados por «tener un rol intervencionista del Estado». Son 69 la cantidad de normas derogadas por el Poder Ejecutivo.
En su objetivo de «fortalecer la competencia», el gobierno derogó 69 normativas relacionadas a Ley de Góndolas, Abastecimiento y Precios Justos. La medida se dio a conocer mediante la resolución 51/2024, la cual fue publicada en el Boletín Oficial.
Pablo Lavigne, Secretario de Comercio, dijo que se trata de «desburocratizar la gestión del Estado y simplificar el comercio». En la misma línea, agregó que las empresas y ciudadanos «evitarán perder tiempo y recursos remitiendo información innecesaria».
«Obstaculizan las relaciones comerciales entre ciudadanos y promovían un rol intervencionista del Estado», indicó Lavigne.
«Se trabajó en el relevamiento de las normas de cada área a su cargo con el objetivo de desburocratizar la gestión, simplificar el flujo de información desde la sociedad hacia el Estado, eliminar superposiciones y reiteraciones que se detectaron en las normas y promover las adecuaciones necesarias, a partir de la derogación de leyes como la de abastecimiento, de góndolas y del observatorio de precios», señaló.
La derogación del Sifre, sistema que obligaba a informar sobre la etiqueta y rotulo en nuevos productos, y Sipre, un régimen informativo de precios y cantidades vendidas de bienes finales e intermedios: «Ambos sistemas generaban un dispendio de recursos humanos y tecnológicos tanto al Estado como a las empresas con información que en el pasado fue utilizada como herramienta de presión sobre las empresas para lograr adhesión a los programas que promovía la gestión anterior», declaró.
Además, se derogó el régimen informativo de precios máximos y toda norma complementaria al programa Precios Justos.
También, se realizó la misma acción para el programa de acceso de productos regionales en supermercados de grandes superficies. La Secretaría de Comercio apuntó que los gobierno provinciales deben hacerse cargo de esas políticas.
Sumado a esto, se derogaron normativas relacionadas a la intervención en el proceso de información de cuotas de colegios y universidades de gestión privada. También la obligación a frigoríficos de informar semanalmente sus precios y cantidad vendidas, y un régimen de tratamiento de sobreendeudamiento de los consumidores.
